Hace unos días te dábamos a conocer que la infanta Cristina había llegado a cabo el ingreso de casi 600.000 euros con el claro objetivo de abonar la cantidad que se consideraba que había “conseguido” a través de Aizoon y del correspondiente caso Nóos. Esta era una medida que se le había recomendado realizar para así poder evitar sentarse en el banquillo de los acusados, según en base a la llamada doctrina Botín.
Pero finalmente parece ser que su estrategia no le ha salido bien. Y es que se ha dado a conocer que el juez Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha tomado la decisión de sentar finalmente en el citado banquillo a la hermana del rey Felipe VI.
Así lo ha establecido porque considera que la infanta fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, es decir, que fue pieza clave para permitir que su marido (Iñaki Urdangarín) pudiera defraudar a Hacienda más de 300.000 euros a través de la empresa de la que los dos son propietarios, Aizoon, que se considera que ejerció como entidad “pantalla”.
Además de todo ello hay que decir que el juez ha establecido además que la infanta Cristina debe pagar 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidades civiles.
